Criminalidad
Gobierno equipara la sumisión química al uso de armas
13.05.2026, 15:05
El Gobierno alemán aprobó un proyecto de ley para endurecer las penas por el uso de las llamadas "gotas narcotizantes" en delitos de violación o robo.
La propuesta legislativa acordada por el Consejo de Ministros equipara la utilización delictiva de las también llamadas "gotas KO" a las armas y los instrumentos peligrosos, con penas de prisión de al menos cinco años.
No existen estadísticas policiales a nivel nacional sobre el uso de sustancias destinadas a dejar a la víctima indefensa ante una agresión sexual. En la mayoría de los casos se sospecha que las gotas se administraron a escondidas en un bar o una discoteca. Sin embargo, también hay casos en los que las víctimas de violación recibieron las gotas de un visitante en su propia casa.
Reacción a la sentencia del Tribunal Federal Supremo
En 2024, el Tribunal Federal Supremo (BGH) dictaminó que las "gotas narcotizantes" no debían considerarse un "arma peligrosa" en el sentido del Código Penal.
El Colegio Federal de Abogados señaló por su parte en un dictamen sobre el proyecto del Ministerio de Justicia que se sobreestimaba el alcance de la administración encubierta de sustancias narcóticas en el ámbito de la vida nocturna. Estudios locales sobre los casos sospechosos correspondientes habrían revelado que, por lo general, las personas afectadas habían subestimado los efectos de su consumo de alcohol.
Sin embargo, Simon Pschorr, fiscal de Ratisbona, señaló en su dictamen que a menudo no se puede demostrar la intoxicación con las gotas, ya que la víctima necesita un cierto tiempo "para recuperarse ante los vacíos de memoria" y sospechar del uso de una sustancia con efecto narcótico.
"Se trata de una forma especialmente grave de violencia sexual, y afecta sobre todo a las mujeres", afirmó la ministra de Justicia, Stefanie Hubig. Las violaciones en las que se utiliza sumisión química son "especialmente traicioneras y peligrosas", agregó. La ministra calificó la reforma prevista como parte de una estrategia global del Gobierno para mejorar la protección contra la violencia.